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Protección Civil con Gallardía

“El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.

Se cumplen 32 años de aquel fatídico 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter, sentido a las 07:19 horas, y que afecto enormemente la capital del país, la Ciudad de México; desgraciadamente, volvemos a vivir esta catástrofe al sufrir un nuevo sismo, a las 13:14 horas, con una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter, con un epicentro en el vecino estado de Morelos.

Hasta estos momentos, con pérdidas de vidas humanas superiores al centenar.

Horas antes, se había efectuado, en casi todo el país, la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, dado que en 1985, la sociedad civil dio muestras de solidaridad, ayuda, colaboración, asistencia y respaldo a todas las víctimas y damnificados, directa e indirectamente por el fenómeno sismológico, ante la inacción y minimización de las consecuencias por parte de las instituciones gubernamentales, con la realización de simulacros de los diversos desastres o fenómenos que pueden presentarse.

Del terremoto de 1985, el número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció y solo existen estimaciones que van desde los 3,192 (cifra oficial), hasta las 20,000;​los daños fueron calculados en 8,000 millones de dólares, 250,000 personas sin casa y 900,000 que tuvieron que abandonar sus hogares.

Las tareas de rescate se prolongaron hasta el mes de octubre ​y la de remoción de escombros hasta 10 años después. En 2017 aún existen campamentos derivados de los sismos.

A raíz de este funesto acontecimiento, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) a nivel federal y su establecimiento en todas las entidades federativas y los municipios de nuestro país.

Así mismo se establece el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), cuyo objetivo principal es apoyar al SINAPROC y “realiza actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos, para coadyuvar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos” (http://www.cenapred.unam.mx)

Por consiguiente, se expide la Ley General de Protección Civil, la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado y los correspondientes reglamentos de las Unidades de Protección Civil municipales.

Las Coordinaciones Estatales de Protección Civil del Estado y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil (así se denominan por Ley, art. 17 de la LGPC) serán organismos “con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión, dependiente de la secretaría de gobierno, secretaría del ayuntamiento, y las delegaciones, respectivamente”

Es el caso, de que en la capital del Estado de San Luis Potosí, cuyo ayuntamiento preside el perredista Ricardo Gallardo Juárez, las cosas parecen al revés.

El director o coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, un individuo de nombre Félix Herrera Ortega, quien se había desempeñado como Director de Fomento Económico del Ayuntamiento perredista de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y que del área de protección civil no conoce ni la definición de estas palabras, se ha enfrentado a las disposiciones emanadas por su superior jerárquico, el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, el ex magistrado, Lic. Marco Antonio Aranda Martínez.

Ocurre que derivado de una queja interpuesta por los representantes de algunas guarderías auspiciadas por la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), ante la propia Secretaría General del Ayuntamiento capitalino y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el sentido de que el señor Herrera Ortega condicionaba la liberación de los Dictámenes de medidas de seguridad de las estancias infantiles, a que la capacitación que reciba todo el personal que labora en las mismas, sea impartida ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por los “capacitadores” de la Dirección de Protección Civil Municipal, a su cargo.

Esto dio origen a un documento emitido por el Lic. Aranda Martínez al Director de Protección Civil municipal de San Luis Potosí, en el sentido de que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, y la fracción IV del artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio 2017, “no es permitido monopolizar la referida capacitación, al contrario, la normatividad invocada, permite que la misma también pueda ser proporcionada por instituciones y personas del ámbito particular, quienes deberán contar con el registro expedido por la Coordinación Estatal . . .”

El susodicho Félix Herrera, rindió un informe al Lic. Aranda Martínez, con fecha posterior, donde señala que la Dirección de Protección Civil Municipal cuenta con el material adecuado y personal debidamente registrado para impartir cada uno de los cursos solicitados.

De conformidad con el mencionado artículo 36 de la Ley de Ingresos municipal, los cursos básicos a impartir son: primero auxilios; búsqueda y rescate; elaboración de programa interno; prevención y combate de incendios (manejo de extintores); evacuación; e identificación de materiales peligrosos.

Resulta ser, que en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, solo se encuentran registrados como capacitadores en algunos de estos cursos los CC. Carlos Ladaga y Jorge Tobías, quienes fueron despedidos por Félix Herrera, por lo que, actualmente Protección Civil Municipal NO cuenta con capacitadores debidamente registrados.

Ahondando más, el propio Director solo cuenta con una constancia de “haber participado” (no aclara si aprobado satisfactoriamente) en cursos de “Formación y conocimientos del Sistema Nacional de Protección Civil” e “Introducción a la gestión integral de riesgos” que le expide el ex director de Protección Civil Municipal y es Director General de Protección Civil del Estado, en su calidad de capacitador externo de la DGPCE, Ing. Oscar Alejandro Mendoza Hernández.

Esta situación violenta lo establecido por el párrafo tercero del Artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, que establece: “Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las Unidades Estatales, Municipales y Delegacionales de Protección Civil deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional”.

Pues es el caso de que el Ing. Oscar Mendoza no es una institución registrada ante la Escuela Nacional de Protección Civil.

Se rumora dentro de los pasillos de la propia Dirección Municipal de Protección Civil, que el señor Herrera Ortega, ni siquiera cuenta con un certificado de Secundaria y que su presencia en este cargo obedece a su amistad con el hijo del alcalde Gallardo Juárez, José Ricardo Gallardo Cardona.

El numeral 52 de la Ley General de Protección Civil es muy claro en cuanto quienes pueden capacitar o aprobar los planes internos PC, mismo que también en violentado por la Dirección Municipal de Protección Civil, a saber:

ARTÍCULO 52. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de, asesoría; capacitación; evaluación; elaboración de programas internos de protección civil; de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil deberán contar con el registro expedido por la Coordinación Estatal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los programas internos y especiales de protección civil. (Subrayado nuestro)

Al parecer, el director de PCM por conducto del jefe de Inspección, Cesar Abdiel Mejía, violenta sistemáticamente la Ley de Ingresos municipal, pues dicho ordenamiento establece que los costos de los cursos es de 6.00 UMA (Unidad de Medida y Actualización) cuyo valor en pesos es de $75.49 diarios, lo que al multiplicarse hace un monto de $452.94, en tanto que para otorgar de manera rápida los dictámenes y aprobar los programas internos, hace firmar a los representantes de las estancias infantiles de SEDESOL, IMSS, ISSSTE y a particulares, un convenio para que los todos cursos de capacitación sean impartidos por personal de esa dependencia a razón de $438.00 por persona, en las cuatro brigadas básicas, como el mismo lo señala en el informe que le rinde al Secretario del Ayuntamiento, con lo cual se trasgrede lo determinado con la Ley de Ingresos, sin que Herrera Ortega tenga facultades para modificar los montos de los derechos a pagar.

Si el Director y los supuestos capacitadores de Protección Civil Municipal carecen de registro como capacitadores ante la Dirección General de Protección Civil del Estado (http://www.cepc.slp.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/2017/05/consultores2017.pdf), así como de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, sus capacitaciones, dictámenes, autorizaciones y programas internos emitidos carecen de validez, y toda vez que se obtuvo un beneficio económico, como es el pago de derechos, se configura la tipología del delito de Fraude.

Lo peor es que los cursos que ofrecen, una vez pagados e ingresado el dinero a la tesorería municipal, estos no son impartidos, por lo que los pequeños que asisten a las estancias infantiles son atendidos por personal sin capacitación en primeros auxilios, identificación de materiales peligrosos, evacuación, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios, poniéndolos en riesgo eminente y total, como ocurrió en la guardería ABC, de muy triste recuerdo.

Toda esta desobediencia a las instrucciones giradas por el Secretario General del Ayuntamiento, ha llevado a que Félix Herrera Ortega tenga serias diferencias incluso con empresas trasnacionales como el grupo Wal-Mart, que aglutina a Sams Club y Superama; así como con la empresa Coca Cola, quienes tienen sus planes internos de protección civil aprobados internacionalmente, y que parece ser se judicializara esta controversia por el capricho de este funcionario público municipal.

El no reconocimiento de los cursos impartidos por los capacitadores externos autorizados por la Coordinación Estatal de Protección Civil, también ha llegado a roces ríspidos con el encargado de esta dependencia, Alejandro Barriga Delle Mese, que se ha distinguido por su honradez, prudencia, probidad y profesionalismo durante toda su estancia en la administración pública, y que en aras de una buena coordinación ha dejado que Herrera Ortega se enfrente con sus propios problemas.

Gallardo Juárez a su vez, violenta el artículo 24 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, que establece:

ARTÍCULO 24. Es obligación de los presidentes municipales, el establecimiento de sus propios sistemas, consejos, y coordinaciones municipales de protección civil.

Los presidentes municipales deberán observar para la designación de sus coordinadores de Protección civil, que cuenten con certificación de competencia expedida por alguna institución registrada en la Escuela Nacional de Protección Civil (subrayado nuestro)

Al final, uno se pregunta ¿Dónde está la honradez que presume el alcalde perredista Gallardo Juárez? ¿A quién eligió el electorado potosino, al padre o al hijo? ¿Cuáles son los compromisos de Gallardo Juárez con Herrera Ortega que permite se violente la ley y su propio organigrama? ¿En manos de quien está el área de Protección Civil Municipal? Y ¿Así quieren gobernar con gallardía?

Comentario 1.- El terremoto acaecido este martes 19 de septiembre pone de manifiesto nuevamente la solidaridad de los mexicanos. Quienes detenta la autoridad, como siempre, dando declaraciones y enunciados mediáticos, sin ensuciarse sus limpios zapatos, sus manos y su ropa de marca. Los partidos políticos, y las grandes cadenas comerciales, televisivas y hasta instituciones educativas particulares se convierten en centros de acopio de ayuda en especie y en efectivo, para posteriormente solicitarle a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, su donativo deducible de impuestos. En las desgracia también se lucra. Si quieres apoyar y aportar tu ayuda en especie, acude a los centros de acopio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaria de Marina (Semar), y el DIF, de los demás, no te sorprendas si tu ayuda no llega.

Comentario 2.- El presentar a la Policía Estatal Metropolitana como la solución a los problemas de secuestros, ejecuciones, levantones, decapitados, colgados, extorsiones, rafagueados, robos domiciliarios, robo a transeúntes, robo de vehículos y toda la inseguridad de la zona metropolitana, por parte del Gobierno del Estado, deja la impresión que se está creando un chivo expiatorio para la incompetencia y solicitud de renuncia del Secretario de Seguridad Pública Arturo Gutiérrez y el septuagenario Director de Seguridad Pública del Estado, Ángel Gámez Segovia. ¿Acaso el gobernador Juan Manuel Carrera López no visualiza esta situación? O de plano, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera.