El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) demandó la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona viola la libertad sindical y los derechos laborales de sus integrantes, dijo su secretaria de tesorería y fundadora, Francisca Reséndiz Lara.
Además, la dirigente del SITTGE, Ana Verónica López Chávez, anunció que demandarán en sus actos públicos directamente al mandatario estatal el cumplimiento de su compromiso, de resolver las minutas del 8 de abril del 2022 y la del 27 de abril del 2021, pues los funcionarios estatales encargados de hacerlo, se niegan a solucionar la problemática laboral que causó el gobernador.
En tanto el asesor jurídico sindical, Francisco Parra Barbosa consideró que el mandatario estatal es “un señor feudal” que quiere apoderarse de los recursos y bienes del sindicato y de sus integrantes, “es un tirano, represor y violador sistemático de los derechos humanos”.
Señaló que como patrón viola los derechos humanos de sus trabajadoras y trabajadores, pero por tal conducta, como gobernador no se sanciona asimismo, sino que amparado en ello, promueve más ilegalidades, al quitar sin fundamento las licencias sindicales, y dejarles de pagar el sueldo a integrantes del comité ejecutivo del sindicato.
Reséndiz Lara llamó el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y al director de su Oficina para México y Cuba, Pedro Américo Furtado, así como al mandatario federal, para que frene las agresiones, hostigamiento y represión física, e institucional contra la libertad sindical, que Gallardo Cardona implementa “para destruir al organismo gremial, pasando por encima del marco legal estatal, federal e internacional”, porque aplica “la ley del garrote” para ilegalmente desconocer a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato, quitarles sueldos, y ahora, retirarles las licencias sindicales, para debilitar su lucha.
Estimó que el gobernador quiere desaparecer el sindicalismo independiente y combativo, como lo hizo cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y cuando su padre, José Ricardo Gallardo Juárez ocupó la presidencia municipal de San Luis Potosí, “pero hoy desconocen que el SITTGE es un Sindicato de lucha que defenderá a sus compañeras y compañeros en forma permanente” asentó y aseguró que “no nos vamos a dejar, vamos a pelear por la justicia, la razón y la ley, porque no pedimos más que el cumplimiento y respeto de la normatividad”, indicó.
Señaló que todas las denuncias están plenamente registradas en oficios, que se han dirigido al gobierno estatal, sin recibir respuesta alguna, por lo que serán integradas a la denuncia que el SITTGE presentó ante la OIT el 21 de julio del 2022 y que fue ratificada en la sede del organismo mundial en Ginebra, Suiza el 5 de junio del 2023, sumando más de dos mil escritos que comprueban los abusos laborales en contra de 215 empleados estatales y de 114 trabajadores discapacitados de seguridad.
Precisó que sí la OIT y el Presidente “no actúan a favor de la ley y la razón por las y los trabajadores del SITTGE, su indiferencia, sólo agravará las condiciones para generar un conflicto social, cuando hoy se vive un proceso electoral que requiere de la unidad y del apoyo del pueblo potosino, y no de la división, ni de la confrontación por parte del poder estatal en contra de sus propias y propios trabajadores”, refirió al tiempo de señalar que urge resolver el conflicto, porque las familias de los afectados ya sufren de un nivel de vida muy deteriorado, pues no tienen lo mínimo indispensable.
Finalmente Parra Barbosa enlistó que con su conducta, el mandatario estatal incumple el artículo 1 de la Constitución al discriminar a sus propias y propios empleados, el artículo noveno por impedir el derecho de asociación, así como el 123 por negar la libertad sindical, además de violar los convenios 87 y 98 con la OIT que protegen al sindicalismo, entre otras normas, dijo que tanto el titular del poder ejecutivo, como sus funcionarios desconocen, e incumplen la ley, por lo que les recomendó estudiar y conocer el marco legal para acatarse a él, respetando los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.
