Presuntamente bajo las instrucciones del Procurador Agrario en San Luis Potosí, Carlos López Medina pretende convertir más de dos mil hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe en Ejido y ante la compra y soborno de autoridades, comuneros exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno que detengan los abusos de autoridad e “influyentismo”, para evitar que los empresarios puedan quedarse con la Sierra de San Miguelito donde pretenden desarrollar proyectos inmobiliarios.
Explican los comuneros, quienes por temor a represalias omiten sus nombres, que son 2 mil 68 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe las que en este momento pretenden cambiar al régimen ejidal, con autoridades encabezadas por un comisariado ejidal, y el resto de la superficie, permanecería en este momento como comunidad, representados por el comisariado de bienes comunales.
Los comuneros afectados mencionan que según los empresarios, tienen la anuencia de las autoridades y que para ello están siguiendo las instrucciones del Procurador Agrario, y que él a su vez cuenta con la anuencia del titular del Registro Agrario Nacional, quien tiene las facultades para sancionar o denegar la inscripción del acta de asamblea y la consecuente expedición de los títulos parcelarios, para finalmente expedir los de propiedad y así cumplir con los requisitos de aportación de tierras que puedan constituir un nuevo ejido en la Capital potosina.
El Artículo 90 de la ley en la materia señala que para la constitución de un ejido bastará que un grupo de 20 o más individuos participen en su constitución, que cada uno aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en la ley y que tanto la aportación, como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional.
Pero la misma ley agraria también advierte que será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores.
De esta manera, los comuneros alertan a las autoridades de los tres niveles de gobierno de una nueva “arremetida” de los empresarios inmobiliarios encabezados por “El Chato” López para intentar quedarse con las tierras de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y construir desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito.
