Después de que el pasado lunes 9 de noviembre el Congreso de la República destituyó al expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, luego de reunir 105 votos a favor y de acusarlo de incapacidad moral para ejercer las funciones propias del cargo, más de 90 mil ciudadanos, a decir de los medios de comunicación, rechazaron el presunto vacío jurídico y golpe de Estado del Congreso y realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país.
OEA no reconoce gobierno de Merino
Ante estos hechos, la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado el 11 de noviembre en donde manifiesta su preocupación por la crisis política que atraviesa el país, y reiteró el compromiso del Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones que ha tomado el Congreso en estos días:
“La Secretaría General de la OEA reitera su profunda preocupación ante la nueva crisis política en Perú a cinco meses de la celebración de elecciones.
En esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021. La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos ha asegurado la presencia de una Misión de Observación Electoral.
En este nuevo caso, la Secretaría General de la OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto de la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo.
Es responsabilidad política de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales”, concluye el comunicado.
La petición ciudadana: Change.org/vacanciapresidencial
Alrededor de 100 mil peruanos continúan expresando su inconformidad y rechazo a través de una petición creada por Harumi Rodríguez en la plataforma de activismo digital Change.org, la cual declara la decisión tomada por las autoridades como “golpe de estado” y que se suma a las distintas protestas que se vienen ejecutando en todo el Perú.
“La noticia de la vacancia de Martín Vizcarra ha dado la vuelta al mundo y en la plataforma hemos sido testigos del inmediato accionar de la población peruana frente a una de las decisiones mas controversiales que se ha tomado en su historia política. En menos de 24 horas se han creado 18 peticiones respecto a la vacancia. Creemos firmemente que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse en contra o a favor de lo sucedido. Para nosotros, es importante que sepan que en nuestra plataforma encontrarán un espacio para expresarse y para apoyar a quienes lo hacen”, comentó Diana Durán, Coordinadora general de Change Perú.
La actual crisis política se suma a los problemas de salud pública causadas por el Covid-19 y el brote de la difteria, así como a la crisis económica y social que afecta a las comunidades más vulnerables del país. Dentro de la campaña en mención, la creadora de la petición comenta “A cinco meses de las elecciones convocadas por el Presidente del Perú Martín Vizcarra, los congresistas han robado el poder a cambio de obtener beneficios de manera ilegal. Ante todo esto, el pueblo queda hundido en la incertidumbre y el miedo de ser liderados por un grupo de delincuentes “.
Onamiap: “Exigimos una Asamblea Constituyente construida de abajo hacia arriba”.
Ni el presidente Vizcarra que ayer fue vacado ni el Congreso de la República nos representan. Es la misma corrupción con nuevos rostros o viejos corruptos reciclados. La crisis no es solo política, económica y sanitaria: es una crisis estructural. Y tiene su origen en el propio modelo de Estado diseñado en una Constitución impuesta precisamente por una dictadura que hizo de este Estado una organización criminal para favorecerse y favorecer al poder económico. La única salida es una nueva Constitución para construir un nuevo modelo de Estado.
Exigimos una Asamblea Popular Constituyente construida de abajo hacia arriba, con participación plena y efectiva de todos los movimientos sociales, las mujeres y los pueblos indígenas y no solo por las élites políticas que hoy obedecen a los grandes grupos de poder, como la CONFIEP.
Los actuales poderes del Estado no nos representan a los pueblos y las mujeres indígenas porque en casi doscientos años nunca nos representaron: desde su nacimiento, este Estado monocultural nos excluyó, nos reprimió, trató de asimilaros, nos hizo objetos de genocidio físico y cultural. En el cercano Bicentenario no tenemos nada que celebrar. ¡Asamblea Popular Constituyente ahora!
Unicef pide garantizar derechos de adolescentes a protestar.
Debido a las detenciones y golpizas que han estado sufriendo los manifestantes en contra del golpe de Estado en Perú, varios de ellos menores de edad que han sido llevados a las comisarías y han pernoctado en sillas, mientras no se les permitía comunicarse con sus padres, cuidadores o abogados, Unicef se pronunció en contra de impedir que las y los adolescentes protesten, y haciendo un pedido para garantizar sus derechos ciudadanos.
“Ante los últimos sucesos en el contexto político peruano y las manifestaciones ciudadanas que han suscitado, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia – Unicef recuerda a todos los poderes del Estado el compromiso asumido por el país en 1990, cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyos principios han sido integrados a la Constitución Política vigente.
En ese sentido, hace un llamado a las autoridades para que garanticen plenamente el derecho de las y los adolescentes a expresarse libre y pacíficamente sobre los temas que afectan su presente y su futuro, y a ejercer sus derechos ciudadanos.
De igual forma, Unicef pide a las autoridades evitar el uso de violencia contra las y los adolescentes que en el ejercicio de sus derechos ciudadanos participen en alguna manifestación. Igualmente, recuerda que las y los menores de edad que entren en conflicto con la ley deben recibir un trato acorde a la normatividad vigente, que toma en cuenta la condición de cada adolescente.
Unicef, en cumplimiento de su mandato, se mantiene atento a los sucesos y reitera su compromiso para seguir trabajando con todos los sectores del Estado y la sociedad peruana en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia”.
Información de Mano Alzada (manoalzada.pe).
