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Fiscal Anticorrupción: ni Gobernador, ni Diputados

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Un conflicto de muchos intereses es el nuevo enfrentamiento entre Diputados Locales y el Gobernador Juan Manuel Carreras López, se trata de la ya necesaria e inmediata designación del Fiscal Anticorrupción en el Estado, donde el Ejecutivo Estatal lo quiere nombrar en forma Directa y los Legisladores quieren ser ellos los del dedito de dios y además que les otorguen un lugar en el Concejo.

Como decía Juan Gabriel en un canto de campaña a favor del Priista Francisco Labastida Ochoa, “ni el PRD ni el PAN”, nosotros diremos que ni el PRI o el Gobernador, mucho menos los Diputados, es un cargo muy serio de mucha responsabilidad, además de lo necesario para frenar la corrupción que se ha convertido en un cáncer social, y que ya es una exigencia ciudadana que se frene.

Diputados y Ejecutivo como siempre cuando hay la elección a renovación de cargos importantes en asuntos de Seguridad y  Justicia, rápido quieren colocar sus aspirantes, para que les cuiden las espaldas o quedar bien con los de arriba o pagar favores políticos, el juego es muy conocido, el Gobernador propone, los Legisladores aprueban y dentro de ese proceso, inician el cabildeo de intereses, recomendados y amiguismos, y una vez que llegan a un acuerdo en la negociación deciden quien o quienes se llevan el hueso, la capacidad y honestidad que importan, lo trascendental es que las espaldas queden cubiertas.

Ejemplos, el Procurador de Justicia lo propone  el Gobernador y lo ratifican los Diputados, lo mismos sucede con los Magistrados del Poder Judicial, el Auditor Superior del Estado y por hay otros para  tribunales y otros cargos, y cuyos resultados son negativos, a pero son cuates del Gobernador en el sexenio pasado de ex Secretario General de Gobierno Cándido Ochoa Rojas, y su misión como pago por el hueso es cubrirle las espaldas.

En el caso de la designación del Fiscal Anticorrupción, debe ser a través de las organizaciones civiles y grupos sociales, sindicatos, campesinos, empresarios, comerciantes, estudiantes, mujeres y sobre todo las Asociaciones de Profesionistas los que le den el visto bueno y hasta que ellos hagan la propuesta.

Ya los políticos y el Gobernador, al menos en el nombramiento de la persona que va a combatir la corrupción, deben sacar las manos, dejárselo a la sociedad, a través de una consulta ciudadana, porque es el Pueblo quien sufre en realidad las consecuencias de la corrupción, o que a poco al Gobernador o los Diputados cuando son objeto de un delito, los tienen las horas en el Ministerio Público o si tienen dinero lo atienden sino ni caso les hacen, o quienes deben pagar con dinero u otras cosas, un empleo, un crédito de vivienda y hasta atención a su salud, entre algunas cosas.

Dejar que el Gobernador y los Diputados designen uno u ambos al Fiscal Anticorrupción es volver a los mismos de siempre, la negociación, el cabildeo, y que el Gobernador tenga su propia policía y los Diputados igual, eso es lo que buscan quien les cuide las espaldas, no señores políticos con todo respeto pero esto debe ser asunto del Pueblo.

ARMANDO CAMPOS AMAYA / Dichos / San Luis Potosí, S.L.P. / Mayo 11 de 2017.