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Juicios políticos y partidocracia

pedro-olvera-retruecanoLa Justicia es igual a las serpientes. Solo muerden a los que están descalzos. Monseñor Oscar Arnulfo Romero
Esta semana fueron desechadas 119 demandas de Juicio Político en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados, a través de la subcomisión de Examen Previo y específicamente por voz de la Diputada Guillen Vicente, a la sazón hermana del Subcomandante Marcos, justificó que de 364 casos similares que se ventilan en esa instancia 109 de ellos habían prescrito; lo dijo sin suministrar mayores explicaciones. El resto de los asuntos similares habrán de revisarse el 22 de marzo próximo, sin embargo es de esperarse que corran la misma suerte que han corrido miles de casos más a lo largo de años en que la figura de Juicio Político ha prevalecido prácticamente sin trasformase sustancialmente. Y es que en efecto, durante los 70 años de la hegemonía priísta, el Juicio Político fue utilizado solamente como un instrumento legitimador de venganzas, acechanzas y castigos del régimen para aquellos de adelante que corren mucho; porque los de atrás se quedarán, parafraseando la ronda infantil aquella de la víbora de la mar.
Después de uno de los parte aguas que ha experimentando el Congreso de la Unión por los tumbos del sistema y concretamente para aquel 1988 en que Cárdenas (Cuauhtémoc) fue despojado del triunfo en la disputa por la silla presidencial a la caída del sistema ( el cibernético y el político) y según el propio Miguel de la Madrid nos lo vino a relatar con toda oportunidad 20 años después; después de ello el Juicio Político ya no fue utilizado por los tricolores, quienes por lo demás solo echaron mano de él en unas 5 ocasiones, 4 contra ex gobernadores y 1 contra el Senador Jorge Díaz Serrano quien había estado al frente del otrora poderoso PEMEX. Así el instrumento llegó a caer en manos de la oposición representada con inusitados números de curules que ya no eran precisamente minorías, sino que aliadas enderezaron alianzas perversas (les llamaba así el tribuno priista Salvador Rocha Díaz) mismas que pusieron en jaque varias veces al sistema, aunque se resolvieron con negociaciones muy convenientes para una oposición habida de triunfos efímeros pero significativos en lo económico y en chambitas o chambotas.
Por lo que hace a la figura jurídica, esta seguía sin ser precisada en sus términos hasta que fue objeto de la reforma que establece la prescripción en 2 sentidos: 1 respecto de la interposición de la demanda en la cual se concede hasta la posibilidad de demandar hasta un 1 año después de que el funcionario cuestionado haya dejado el cargo; y en otro sentido la prescripción, que sin reconocerse como tal, establece 1 año como máximo después de radicarse la demanda para resolver en definitiva incluyendo vistas, alegatos, ofrecimiento y desahogo de pruebas, conclusiones, formación de la comisión jurisdiccional y toda la instrucción y resolución de un Juicio. Esto último me permito citarlo por aburrido que parezca para adivinar o calcular la prescripción a la que se refiere la Diputada pues en realidad si lo referido es que 109 no pudieron ventilarse ni resolverse, técnicamente no es procedente declararlos Paloma Guillen Vicente, prescritos sin incurrir en responsabilidad grave y sistemática, por tratarse de 109 asuntos, por parte de quienes estaban encargados de ventilarlos aún cuando hayan sido los miembros de la Comisión de Justicia y Gobernación de cada una de las legislaturas involucradas y responsabilizadas del tema.
Aquí la pregunta coloquial y simple viene siendo: ¿Y el ciudadano de a pie con un interés legítimo en que estos asuntos se esclarezcan, a quien le reclama entonces?; ¿No deberían ser objeto los mismos legisladores omisos de juicio político en su contra? ¿A qué obedece ese comportamiento tan irresponsable y esa burla a una ciudadanía inocente por desinformada? ¿Cuál es el papel de la oposición con sus diversas fracciones al dejar pasar y dejar hacer con absoluto libertinaje e impunidad? Estas preguntas y este tema revisten mayor importancia en un momento en que nuestro país pregona, declara, pontifica y presume “una búsqueda incesante, contundente e incansable por acabar con la impunidad y la corrupción”. No puede ser posible que la impartición de la justicia sobre todo en materias tan relevantes para la conducción del país pueda estar en manos no de jueces y criterios objetivos e imparciales sino de alianzas circunstanciales, caprichosas y ajenas al afán de justicia que por naturaleza debería corresponderle a una figura jurídica de la talla del Juicio Político. La justicia no debe responder a mecanismos de votos mayoritarios, cuanto desinformados y técnicamente incompetentes e ineptos. La justicia debe descansar sobre manos capaces y expertas en su impartición y en el derecho. El problema se llama partidocracia y se compone de los compromisos que varios grupos irresponsables tienen entre sí para repartirse un pastel y taparse los unos a los otros.