LO DESTACADO

Un Estado que no sirve

l-gabriel-gayosso-la-cicuta“¿El Estado sirve a los ciudadanos o los ciudadanos sirven al Estado?” Silvia del Carmen Martínez Méndez. Consejera ciudadana del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

El pasado viernes 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) de San Luis Potosí presentó el manual “Ciudadanía y Procesos Electorales en San Luis Potosí”, cuyo objetivo es ofrecer formación e información sobre las elecciones, las autoridades que intervienen y el rol de participación de la ciudadanía.
En dicha presentación se contó con las intervenciones del Doctor Guillermo Luevano Bustamante, investigador especialista en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y del Ingeniero Julio Cesar Vera Altuzar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 06 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral, la Maestra Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del mencionado Consejo, y la Maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, consejera ciudadana del Ceepac y promotora de este manual. En este acto se presentó también la Plataforma Educativa Virtual, sobre el mismo tema
Es de reconocerse el esfuerzo del órgano local electoral para, en tiempos no electorales, difundir la cultura cívica y la promoción a la participación en los procesos electorales, que redundaran en el proceso democrático de consolidación de nuestro sistema político.
Se constató la presencia de diversos personajes de la vida pública y política de nuestra Entidad: magistrados electorales, ex funcionarios de los comités municipales, comisiones distritales, organizaciones civiles, funcionarios del INE y ciudadanos interesados en el tema.
Muy notoria la ausencia de los legisladores locales y los representantes de los partidos políticos existentes en la entidad.
Cierto es que nos hace falta el conocer, a fondo, el desarrollo de los procesos electorales locales; como podemos participar, quienes confluyen en ellos, tanto como aspirantes, precandidatos, candidatos, representantes partidistas, autoridades electorales, pero sobre todo, como puede la ciudadanía vigilar, influir, dar seguimiento y tener la certeza de que su sufragio cuente en los procesos democráticos.
Si bien, la capacitación electoral y la educación cívica, son parte de las atribuciones que tiene el Ceepac, a través de la dirección que ostenta el licenciado en Ciencias de la Comunicación Juan Carlos Rizzoli Ruiz; también hay que considerar que en mucho tiempo esta área solo se activaba en los tiempos de los procesos electorales, dado que era la encargada de capacitar, a los ciudadanos integrantes de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, sobre los fundamentos, objetivos, peripecias e inconsistencias de las elecciones.
Pero ahora reviste una especial connotación toda vez, que desde que el Instituto Nacional Electoral (INE), tomo la responsabilidad de organizar todos los procesos electorales [locales y federales], esta área fue relegada a una simple dirección de supervisión, y por tanto, el de por si mermado presupuesto del Ceepac, dejo sin recursos para la capacitación y la educación cívica.
Se considera que la renuencia por parte del Gobierno del Estado de otorgar el presupuesto necesario que el Organismo Local Electoral requiere, se debe a que, tanto su presidenta como cada uno de los consejeros ciudadanos, fueron designados por el INE, antiguamente los designaba el Congreso local, y es este Instituto quienes marcan las directrices de los tiempos, desarrollo y resultado de los procesos de elección, apegados a la Ley General de Procedimientos y Procesos Electorales.
Por ello, no solo se les ha negado el recurso económico solicitado, sino que han sufrido recortes al mismo y es entregado a cuenta gotas.
Ahora bien, quienes si reciben una cantidad considerable de recursos económicos, o sea, de dinero público, son los partidos políticos, todos, los grandes y la “morralla”. Dinero que, de alguna manera lo disponen de manera discrecional, con una supervisión postergada y con sanciones irrisorias.
Esto está reglamentado por el artículo 41 y subsecuentes de la Constitución Pollita de nuestro país, y por ende, “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público… mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo…”
Consecuentemente, la promoción de una cultura cívica y la capacitación en procesos electorales también compete a los partidos políticos debidamente registrados, de ahí, que los órganos fiscalizadores del recurso económico público entregado a los partidos deben de vigilar la correcta aplicación de los dineros en los rubros correspondientes.
No es posible que la gran mayoría del dinero se ocupe para la compra de conciencias a través de obsequiar cachuchas, tortilleros, sándwiches, tortas, frutsis, refrescos de cola, aparatos electrodomésticos, garrafones de agua, y un sinfín de artículos con los cuales se busca comprometer el voto del ciudadano, incluyendo el pago en efectivo por la emisión del sufragio a su favor. Esto es conocido y un rumor a sotto voce.
La total falta de credibilidad en los partidos políticos, sus candidatos, los funcionarios y los gobiernos emanados de ellos, se debe en gran medida a la ignorancia de los votantes al respecto de los derechos y responsabilidades que como ciudadanos ostentan; de ahí, que tengamos funcionarios públicos sin el más mínimo conocimiento de lo que es legislar, administrar, cabildear o simplemente, buscar el bien común, y solo se dedican a realizar negocios personales y embolsarse los dineros públicos.
Existe un círculo vicioso que ya, en vez de dar coraje y rabia, causa impotencia y risa, a saber: La legislación electoral es propuesta y aprobada por los legisladores locales o federales, según sea el caso; son las reglas del juego para elecciones democráticas y apegadas a derecho; en la cual participan los partidos políticos, y ahora los ciudadanos a través de la candidaturas independientes.
Estos legisladores fueron postulados por los diversos partidos políticos y obedecen a directrices de sus dirigencias, su actuar se supone debe apegarse a los principios y estatutos de sus respectivos institutos políticos; la realidad proceden a intereses partidistas y grupos de poder.
Después, son los aspirantes, candidatos, dirigencia y militantes de estos mismos partidos políticos los que buscan la manera de violentar las reglas del juego electoral; para buscar y conseguir ventaja sobre sus contrincantes homólogos, para ser electos legisladores locales o federales y volver a legislar para reformar nuevamente la legislación electoral.
En tanto, quienes organizan, supervisan y vigilan las elecciones, las autoridades [INE, Ceepac], alcen su esfuerzo para mantener la actuación de los partidos, sus candidatos, militantes y representantes dentro del marco legal aprobado.
Así se cierra este círculo vicioso cada tres años.
Pero, amable lector, no todo está perdido. La propuesta de las candidaturas independientes está vigente. Demasiados requisitos y trabas, impuestas por los legisladores de los partidos políticos, para que un ciudadano llegue a ostentar una candidatura a un cargo de elección popular, pero no imposible. Aunque se corre el riesgo de encontrarnos con personajes que quieren ser funcionarios públicos para salir de su deplorable situación económica personal. Ese es uno de los riesgos. El otro argumento para imponer candados casi insalvables por parte de los legisladores partidistas, es el financiamiento no claro, es decir, del crimen organizado en las campañas políticas.
Argumento que se desvanece cuando vemos, palpamos y sentimos como algunos alcaldes y legisladores hacen campañas con recursos públicos y otros de dudosa procedencia; no importa los colores pues pueden ser verdes, rojos, azules, amarillos o de cualquier tonalidad.
Reiteramos, loable el esfuerzo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ojala el Instituto Nacional Electoral y, bueno soñar no cuesta nada, los partidos políticos se dieran a la tarea de fomentar la cultura cívica. No olvidemos que es con el dinero de todos, el cual, al final se lo van a gastar.
Comentario 1.- La reciente visita del Presiente de la Republica Enrique Peña Nieto a territorio potosino, nos deja la impresión que fue, exclusivamente, por invitación de la clase empresarial; aunque, para no demeritar la labor institucional y la relación partidaria con el Ejecutivo local, se procedió a inaugurar una clínica del IMSS en una de las colonias populares de la capital del Estado. Las reseñas, fotografías, videos y comentarios de algunos asistentes al evento, destacan la notoria distancia entre el Ejecutivo federal y el Gobernador local. Además, desafortunadas las declaraciones del “Copetes” al respecto de la inseguridad en la entidad. Lo más probable es que se haya repetido sonoramente, en lo bajito, el calificativo que se ha ganado a pulso, pero además de algunos buenos recordatorios maternales, pues decir que la entidad es de las más seguras, es insultar el intelecto y sentido común de los potosinos.
Comentario 2.- Y ya entrados en el tema, es inquietante la recurrencia con que en las mantas y cartulinas que han aparecido en las últimas fechas en la capital potosina, atribuible a un cartel de delincuencia organizada, se señale al director de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, de encabezar el robo de combustible en las carreteras federales que cruzan la entidad; la colusión de éste con miembros de la familia Valladares, y se le quiera ser responsable de la muerte de un individuo minusválido, ocurrido por las colonias de la zona norte. Inquietante porque se señala al responsable de la policía investigadora de los delitos, porque se atribuye la autoría a un cartel relacionado con el narcotráfico, porque se menciona a miembros de una prominente familia de empresarios, y por último, inquietante porque no se ha iniciado una investigación al respecto. Pero bueno, ya no sabemos, ya no creemos.