Con respecto a las investigaciones en torno a la empresa Odebrecht, Pemex reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, actuando con la mayor prontitud y apego a la legalidad. Para la administración de Petróleos Mexicanos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son valores fundamentales.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la sanción impuesta a la empresa brasileña Odebretcht por actos de corrupción en diversos países. En dicho comunicado se señala que la empresa sobornó a funcionarios del gobierno mexicano por un monto 10.5 millones de dólares, citando como ejemplo que de ese monto, 6 millones de dólares fue para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado.
Derivado de ello, la Unidad de Responsabilidades en Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado y en su caso sancionar a los responsables. Por ello, la Unidad de Responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Oderbretcht y sus filiales. Dicha investigación se encuentra en curso.
Por su parte, Petróleos Mexicanos presentó el 25 de enero del presente año denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable, por posibles actos delictivos ocasionados en su contra.
En ambos casos Petróleos Mexicanos colabora tanto con la Unidad de Responsabilidades como con la Procuraduría General de la República en el esclarecimiento de los hechos, para que se sancionen a los responsables y se reparen los daños ocasionados.
Pemex irá comunicando los avances de las investigaciones en cuanto las autoridades competentes así lo vayan autorizando.
LA HISTORIA según los Medios de Comunicación:
El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial petroquímica Braskem aceptaron su culpa por haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países, entre 2011 y 2016, y aceptaron pagar multas por tres mil 500 millones de dólares.
De acuerdo con documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.
Uno de los casos que resaltó la Corte, como se describió en este espacio el 23 de diciembre, se refería a un evento en octubre de 2013, donde Odebrecht “aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. Entre o alrededor de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht pagó a ese funcionario seis millones de dólares”. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, al igual que su filial Braskem, y es posible ver sus actividades a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano.
En 2014, el año que usa la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, del tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares. No existe en esta documentación ningún indicio de que este es el contrato por el cual se pagó el soborno.
Sin embargo, por las fechas señaladas, los documentos de la Corte neoyorquina sugieren que se dio durante la licitación del gasoducto Los Ramones, ganada por Tag Pipelines, que desde un principio levantó oposición y críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento, así como la exigencia de que se frenara al entonces secretario de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció con detalle la obra cuando fue previamente director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el área que supervisó Los Ramones. Nunca pasó nada. Cuando Herrera dejó el cargo en Pemex lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, quien fue el primer funcionario que removió bruscamente José Antonio González, cuando sustituyó a Lozoya en la dirección general de la empresa. Oficialmente, Martínez Sibaja pidió su jubilación.
Uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht es Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la dirección general en la administración anterior.
La PGR también ha recibido información en los dos últimos años de que el exdirector de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, presionaba a empresarios para que pagaran montos multimillonarios específicos que, dijeron a las autoridades, se entregarían a Lozoya.
La ruta de la corrupción de Odebrecht en México iba a ser dibujada por sus ejecutivos cuando se acercaron a la PGR, en busca de una negociación fuera de tribunales. De acuerdo con personas que fueron informadas de lo que quería intercambiar la empresa brasileña para que le permitieran seguir trabajando en México, eran detalles de cuánto dinero invirtieron en campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas, en qué años y a quiénes. La relación de la empresa con funcionarios veracruzanos en particular, es estrecha. La embajadora en Brasil, Beatriz Paredes, incluso le organizó una visita a Sao Paulo al exgobernador Javier Duarte, para hablar con los ejecutivos del emporio latinoamericano de la construcción.
El caso Odebrecht es un tema concreto de acusación de corrupción, en el que ese gigante brasileño de la construcción habría pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a altos funcionarios de Pemex a cambio de la asignación de contratos de obra pública.
La investigación está en la Secretaría de la Función Pública que encabeza Arely Gómez, según publicaciones de rotativos y mencionan que nuevos datos apuntan a que la empresa encabezada por Marcelo Odebrecht –hoy preso en Brasil– repartió cientos de millones de dólares en tres continentes para obtener contratos de manera ilícita.
En México esta compañía, la más grande constructora de América Latina, obtuvo contratos irregulares de Pemex desde 2010.
En Perú el expresidente Alejandro Toledo tiene solicitud de orden de aprehensión por haberle cobrado 20 millones de dólares en mordidas a Odebrecht, que le dieron a cambio de la asignación irregular del contrato de la construcción de la carretera Perú-Brasil.
A Ollanta Humala, el siguiente presidente de Perú, también le dieron dinero: tres millones de dólares.
En Brasil ni se diga: 320 millones de dólares en sobornos a personajes de la política, entre cuyos nombres aparecen Dilma Rousseff y Luiz Inácio da Silva (Lula), a manera de contribuciones para su campañas políticas. Y a muchos otros políticos y directivos de la petrolera de ese país, Petrobras.
A intermediarios de los Kirchner, en Argentina, les habrían entregado mordidas por 35 millones de dólares, a cambio de diversos contratos.
En Venezuela el salpicadero de coimas de Odebrecht a funcionarios ‘bolivarianos’ habría alcanzado los 98 millones de dólares.
Y en Colombia Odebrecht reveló haber otorgado 11 millones de dólares en mordidas a altos funcionarios, entre cuyos nombres destaca el del presidente de ese país y Premio Nobel de la Paz, José Manuel Santos.
En defensa de Santos salió… el gabinete de Santos.
Hay procesos abiertos en todos los países donde Marcelo Odebrecht y sus compinches habrían declarado entregar sobornos a altos funcionarios para obtener beneficios económicos para su empresa.
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