Agricultores del Valle Central de California, bastión republicano que votó por Trump, donde residen 6.5 millones de personas, sus campos aportan a la economía $ 35 mil millones de dólares al año y proporcionan más comida a la nación que cualquier otro estado, advierten una catástrofe con las nuevas políticas migratorias, pues temen quedarse sin mano de obra, que las cosechas se echen a perder y que haya cierre masivo de comercios.
El New York Times publicó este fin de semana pasado, “California Farmers Backed Trump, but Now Fear Losing Field Workers”, donde describe la preocupación de granjeros, quienes usan mano de obra con trabajadores ilegales y sus empresas dependen de ellos, pero además, son los principales clientes de negocios en el Valle Central de California. Pensaron que las palabras de Donald Trump solo eran eso, “palabras”, pero a semanas de la toma de posesión, se dan cuenta que todo va muy rápido y que ha firmado órdenes para ejecutar en contra de los inmigrantes.
La publicación cita que las políticas de inmigración de Trump podrían transformar el Valle Central de California, desde Redding hasta Bakersfield, donde el 70 por ciento de todos los trabajadores agrícolas viven ilegalmente en los Estados Unidos y ganan 11 dólares la hora, según investigadores de la Universidad de California, Davis.
Harold McClarty, un agricultor en Kingsburg, dedicado a crecer, envasar y enviar duraznos, ciruelas y uvas en todo el país, dijo que si sólo hubiera mano de obra legal, no existirían ciertas partes de esta industria y la región. “Si enviamos a toda esa gente de vuelta, sería un desastre total”.
Otro granjero, Jeff Marchini, reconoció que los agricultores están profundamente alarmados, porque la mayoría de los trabajadores son ilegales y los negocios que dependen de ellos. “Todo ha sido muy rápido”, dijo, “no enviamos gente en autobuses, ni los deportamos, eso no está sucediendo todavía”.
El Sr. Trump sabría que los agricultores habían invertido millones de dólares en productos que están creciendo ahora y que al no poder recoger y vender esos cultivos representaría grandes pérdidas para la economía estatal. “Estoy seguro de que puede captar la magnitud y la ansiedad de lo que está sucediendo ahora”, añadió, según el Diario neoyorquino.
Si el gobierno elimina a los trabajadores ilegales, los agricultores aseguran que sus negocios estarían lisiados. Incluso legisladores republicanos de la región han apoyado propuestas para dar a los trabajadores agrícolas un camino hacia la ciudadanía.
Las consecuencias de una fuerza de trabajo de inmigrantes más pequeños no se verían sólo a través de los huertos y lecherías, sino también a empresas locales, restaurantes, escuelas e incluso industrias aparentemente no relacionadas, como el mercado de seguros.
Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de Inmigración Americana, dijo que limitar el uso de mano de obra extranjera empujaría a más estadounidenses a empleos que habían sido realizados principalmente por inmigrantes. “No importa si se están programando computadoras o recolectando en los campos”, dijo, “cada vez que están admitiendo sustitutos del trabajo estadounidense deprimen los salarios y las condiciones de trabajo y disuaden a los estadounidenses”.
Patricia Pantoj dirige una agencia de viajes en Madera, al norte de Fresno, donde los aproximadamente 60,000 residentes de la ciudad son predominantemente latinos y trabajan en los campos. Este año, dijo, menos personas viajaron a sus ciudades natales en México. “No querían arriesgarse. Todos tienen miedo, aunque tengan papeles”.
A pocas puertas de la agencia de viajes, María Valero dijo que todos los clientes de su tienda de regalos son indocumentados. “Si se fueran, estaría fuera del negocio mañana”, dijo.
Jhovani Segura, un agente de seguros en Firebaugh, al sur del Valle, informó que el 80 por ciento de sus nuevas pólizas de seguro de automóvil son de inmigrantes indocumentados que, en virtud de una nueva ley estatal, fueron elegibles para obtener licencias de conducir desde el 2015. “Si hubiera deportaciones masivas, tendríamos que cancelar la mitad de nuestras políticas”, aseguró.
En Ceres, al norte de Merced, el distrito escolar público es el empleador más grande y muchos de los puestos de trabajo fueron creados para apoyar a los hijos de los inmigrantes. Los administradores dicen que cualquier represión daría lugar a grandes pérdidas de empleo y reduciría el financiamiento del estado, en función de la necesidad de los niños del distrito.
Javier Soto, de 46 años, compró una casa para él y sus familiares de cinco miembros en Reedley, una ciudad de 25 mil habitantes que se autodenomina “Canasta de Frutas del Mundo”. Ha trabajado para la granja del señor McClarty durante los últimos seis años y su supervisor sabe que está aquí sin papeles. “Es más aterrador ahora que es Presidente y vemos lo que está haciendo”, comentó Soto.
“Estamos orando, en espera de que alguien pueda convencerlo de que no estamos perjudicando a nadie por estar aquí”, dijo Isabel Ríos, de 49 años, quien ha estado recolectando uvas durante las últimas dos décadas. Como la mayoría de las mujeres en los campos, ella cubre su cara con un pañuelo para protegerse contra el sol, el polvo y los pesticidas. Sus dos hijos, 9 y 18, son ciudadanos nacidos en Estados Unidos y ella se preocupa de lo que les pueda suceder si es enviada de regreso a México. “¿Quién se beneficiará si no estamos aquí?”, abundó.
Marchini, productor de radicchio, manifestó pesar, después de ver a las generaciones de trabajadores de su granja de convertirse en familias que enviaron a sus hijos a la universidad y que lograron unirse a la clase media. La familia del Sr. Marchini ha cultivado en el valle durante cuatro generaciones y ha crecido trabajando lado a lado con los inmigrantes mexicanos.
Aseguró que ningún aumento factible de los salarios o un cambio de condiciones laborales serían suficientes para atraer a los estadounidenses nacidos en Estados Unidos de nuevo en los campos. “Si encuentras una manera de entrar aquí”, dijo, “hay una necesidad que sabes hacer y cubrir”, concluyó.
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