JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P.
Aunque desde las alturas les llegó recién la indicación de “ya no se quejen tanto”, muchos de los nuevos funcionarios estatales siguen compartiendo con azoro, preocupación e indignación los escandalosos niveles de corrupción y desorden administrativo en que han encontrado las dependencias a su cargo.
Ya en una columna anterior comentamos con cierto detalle esta circunstancia. La retomamos porque nuevas conversaciones con varios de estos intranquilos funcionarios han arrojado luz sobre aspectos igualmente perniciosos que arraigaron en la administración pública estatal durante el sexenio torancista.
Uno de los que más llaman la atención es el muy alto costo al que el gobierno de Fernando Toranzo compró tranquilidad burocrática y social. La primera, a base de ceder en prácticamente todo ante los sindicatos con tal de no tener problemas, aún si estos podían solucionarse por otros medios, menos fáciles, como por ejemplo negociaciones para defender posturas razonables.
Lo que va quedando en claro es que para ahorrarse la fatiga de negociar con firmeza, se optó por el camino fácil de decir que sí a casi todo, lo que se tradujo en el brutal encarecimiento de la nomina estatal, por la doble vía de aumentar el número de nuevos ingresos, otorgar ascensos y basificar con o sin justificación, y por incrementos salariales que incluyendo prestaciones y costos en futuras pensiones rebasaron notoriamente los promedios nacionales en la materia.
La síntesis de este desafortunado estado de cosas la escuchamos del nuevo titular de una dependencia estatal: “Sabes qué, estoy seguro de que las responsabilidades de mi oficina las puedo sacar con la mitad del personal que tengo, tanto sindicalizado como por honorarios o de confianza”. Así, de ese tamaño.
Aquí conviene hacer una precisión. Esta aseveración no puede traspolarse al total de la administración. Es obvio que no se podría reducir a la mitad el número de profesores del sistema estatal, policías o médicos y enfermeras del sector salud. Por supuesto que no, pero sí de asesores, auxiliares, oficinistas, secretarias, personal de limpieza y, obvio, aviadores; que los hay.
A reserva de conseguir un cálculo más documentado, por ahora no es ninguna exageración decir que prescindiendo del personal excedente, la administración carrerista podría ahorrarse varios centenares de millones de pesos al año, liberándolos para obras y acciones de beneficio social. Después, claro, de desembolsar una suma también multimillonaria para pagar liquidaciones. Bien pudiera ser que el beneficio mayor lo disfrutaran las administraciones siguientes, pero algún día habrá que hacerlo.
Por cuanto hace al segundo tema apuntado -la “compra” de tranquilidad social- dicho fenómeno se traduce en un fortalecimiento no necesariamente positivo de numerosas organizaciones sociales a las que igual con tal de que no hicieran manifestaciones o plantones se les dio satisfacción a gran parte de sus demandas, sin importar que muchas de ellas carecieran de sustento o fueran para beneficio de los líderes.
De esa falta de entereza oficial para contener las exigencias desaforadas de organizaciones deriva su cada vez más costoso engrandecimiento. También aquí hay una válida síntesis en forma de comentario escuchado en plática con el neo titular de una dependencia estatal ejecutora de obras: “No vienen a pedir, vienen a exigir. Y exigen amenaza de por medio. Además, los líderes son auténticos profesionales de la gestión: piden obras o acciónes específicas, saben de qué fondo o programa puede salir el financiamiento, conocen a detalle las reglas de operación y a veces hasta el contratista traen con ellos. Así nos los dejaron”.
Esa intermediación viciosa entre las auténticas demandas populares y las instancias que pueden darles satisfacción, normalmente encarecen la solución y casi siempre incluyen desvíos en beneficio de los líderes.
Volver a cauces de racionalidad la intervención de esas agrupaciones, que suman decenas y están presentes en todos los rumbos de la entidad, y sobre todo acotar los excesos de sus líderes no será tarea fácil. Si es que se intenta.
NI QUE ESTUVIERAN SOLOS
Si de respetar sus estatutos se trata, a más tardar este fin de semana debe convocarse al Consejo Político Estatal del PRI o por lo menos a su Comisión Política Permanente, para que no más allá del martes próximo se inicie el proceso que lleve a elegir una nueva dirigencia, para sustituir a la actual que es provisional, que relevó a otra igualmente provisional que a su vez había ocupado el lugar de una sustituta. Así es: desde la demencial defenestración de Calolo en agosto del 2013, el tricolor potosino ha vivido en la precariedad institucional.
La actual directiva que encabezan Rebeca Terán y Roberto González Rubio inició funciones el pasado 25 de septiembre a la salida de Joel Ramírez. De acuerdo a la normatividad partidista, Rebeca y Roberto disponen de 60 días naturales, que se cumplen el martes 24, para poner en marcha el proceso sucesorio, cuya primer paso es que el CPE o la CPP determinen el método electivo que se aplicará. Los citatorios para ese efecto deben entregarse por lo menos 48 horas antes, o sea el domingo 22.
Una vez determinado el método de entre los tres posibles (Consulta Directa a la militancia, Asamblea Estatal o Asamblea de Consejeros), debe recabarse el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional, mismo que en un máximo de 45 días -el 8 de enero-, deberá expedir la convocatoria respectiva. Entre la publicación de la convocatoria y el registro de aspirantes corre un mínimo de diez días.
En el supuesto de que se ajuste al término mínimo, habrá candidatos para el 18 de enero. Si son dos o más las fórmulas inscritas, deben hacer campaña interna 30 días y consecuentemente la elección se iría al 18 de febrero. Si hay candidatura única, ese plazo se puede recortar a unos pocos días, pero igual puede utilizarse para visitas de encuentro y legitimación a todos los municipios o por lo menos a los 15 distritos locales.
De un modo u otro, el priísmo potosino deberá tener una dirigencia debidamente electa y legitimada para los siguientes cuatro años a más tardar mediando febrero. Claro que las actuales dirigencias, estatal y nacional, pueden violentar los estatutos y retrasar el proceso electivo, pero a diferencia de antaño ahora la legislación electoral faculta a cualquier militante para acudir a las instancias internas o externas a denunciar la violación y exigir el cumplimiento de la normatividad interna. Esto, porque mucho se ha rumorado la existencia de un acuerdo informal entre el CEN y el Primer Priista del Estado para dilatar la renovación de directiva hasta marzo. Si lo intentan, por las razones que sean, corren el riesgo de que un tribunal electoral, el local o el federal, les ordenen respetar su propia normatividad.
Más allá del rigor estatutario, en los hechos hay razones de peso para que el priísmo potosino y su mando real no solo respeten los plazos sino que incluso en donde esté permitido los acorten y se doten de una directiva sólida y con expectativa cuatrienal.
Apuntamos dos de esas razones: Rebeca Guevara, a quien le dejaron muy claro en septiembre que la suya sería una presidencia provisional de pocos meses, está convencida de que puede competir en la elección que viene y trae un activismo desatado por todo el territorio estatal con ese propósito. No es que se trate de coartarle sus legítimos derechos, sino que al hacerlo desde la dirigencia está desnivelando la cancha, lo cual no tarda en provocar protestas de otros interesados que ven la fiesta por la ventana.
La otra razón, sin duda la más importante, es que mientras en el tricolor están mirando al cielo a ver si aparece alguna señal, el gallardismo, en un abrir y cerrar de ojos, se hizo con las dirigencias de las 300 juntas de mejoras que hay en la capital (las de Soledad ya las tenía), habiéndolas convertido en cajas de resonancia de su quehacer político y está por meterlas a operar en la aplicación de los programas sociales que tanta rentabilidad electoral ofrecen.
Adicionalmente, en su vertiente partidista representada por el PRD que tiene nueva dirigencia desde hace unas semanas, el gallardismo se prepara para arrancar una intensa campaña de proselitismo y reclutamiento en todo el estado. Saben cómo hacerlo, traen plan, proyecto y dinero. Su presidente, José Luis Chiquis Fernández, es hiperactivo y más vivo que un dolor de muelas. El PAN tendrá nueva dirigencia trianual el 13 del próximo mes.
Si el PRI sigue actuando como si no enfrentara ninguna competencia política en el escenario estatal, antes de lo que se lo imagina estará asomándose al abismo.
COMPRIMIDOS
De todo lo mucho que se ha dicho respecto de los terribles y mortíferos atentados en Paris, me quedo con un acertado señalamiento que, lamentablemente, no recuerdo quién lo hizo ni en dónde lo leí: no se atacaron cuarteles de policía ni edificios gubernamentales ni bancos ni oficinas de empresas trasnacionales; se mató gente en las afueras de un estadio, en mesas de café y en un escenario de música popular. Es decir, se clavó la garra en la inescapable cotidianidad.
En política siempre se habla de lo importante que es el famoso timing. Acabamos de ser testigos de un pésimo manejo del mismo. Un día el diputado Oscar Vera Fábregat se enfurece en una sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al grado de arrojar botellas de agua con ánimos de lastimar y de insultar bajunamente a vari@s de sus colegas, porque no le cumplieron el ofrecimiento de nombrar Coordinador de Servicios Parlamentarios a su hijo. Al día siguiente, el Gobierno del Estado anuncia la designación de Jorge Alejandro Vera como director de Asuntos Jurídicos. Así o más clarita la invitación a los desfiguros y amenazas. Lo bueno es que Oscar es el único diputado de su partido. Si fueran varios, hasta la gubernatura le entregan.
Otro suceso público desafortunado es la celebración de un evento de Avanzada Liberal Democrática en Palacio de Gobierno. ALD es una agrupación política igual a otras doce registradas ante el Ceepac. Si a cualquiera de éstas se le ocurre mañana que quiere utilizar el mismo recinto para alguna reunión, foro, simposio, kermes o cosa parecida ¿con qué argumento se lo van a negar? Y si no lo niegan, ¿la sede del Poder Ejecutivo va a transmutarse en escenario de actos de corte partidista cada que a alguien se le antoje?
Ayer, día de su cumpleaños 35, José Ricardo Gallardo Cardona recibió un inusual regalo: su nombre le fue impuesto a una de las principales vialidades de Soledad. A propósito de, un amigo nos hizo llegar una reflexión que viene al caso: “El nombre de las calles refleja la manera de ver el mundo de la sociedad que les ha dado nombre”. La decisión fue tomada de manera unánime por los integrantes del anterior cabildo soledense, atendiendo una propuesta perredista que se apoyó en la petición de juntas de mejoras y otras agrupaciones sociales del municipio.
Hasta el próximo jueves.
