Abuso de poder de elementos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, ejercieron en contra de un ciudadano común y corriente durante un supuesto operativo contra el transporte privado, así se ve en videos difundidos en las redes sociales, donde inspectores de la dependencia golpearon a un conductor de un vehícuo en la Carretera 57, cerca de la Terminal Terrestre Potosina.
De acuerdo con los videos, los trabajadores oficiales a bordo de vehículos de la SCT, interceptaron a un hombre que viajaba con su mujer y su hijo en una unidad azul y le cerraron el paso, ante la sospecha de que operaba como Uber.
El personal de la SCT abusó de su poder, cuando sometieron al conductor que, de acuerdo a testimonios, se identificó como dueño del auto particular y aseguró estar ajeno a plataformas de transporte, sin embargo, los inspectores no preguntaron y lo golpearon.
El conductor y los inspectores fueron trasladados al edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública y momentos después, quedaron en libertad luego de pagar una fianza.
Como antecedente, no es la primera vez que se acusa a inspectores de la SCT, detienen sin fundamentos a conductores que transitan con vehículos similares a los que operan en las plataformas de transporte privado.
Más tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado donde condena enérgicamente los actos de violencia que se observan en las imágenes y que agraviaron a toda una familia.
El organismo inició una queja de oficio y emitieron medidas cautelares a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se realice de inmediato una investigación exhaustiva de los hechos, garantizando que los servidores públicos no tengan contacto con la población hasta en tanto se desahogue el procedimiento administrativo y se colabore con el agente del ministerio público que realice la investigación sobre los probables delitos de abuso de autoridad y lesiones.
La CEDH reprobó que se realicen “operativos” a bordo de vehículos que no cuentan con logotipos que identifiquen con absoluta certeza que se tratan de vehículos oficiales y tripulados por servidores públicos, que además realizan actos de molestia prohibidos por la Constitución en su Artículo 16, con el pretexto de la verificación de la prestación del servicio de trasporte por particulares; “operativos” cuyos alcances son poco claros y provocan situaciones como la que hoy se presentó, ante la incertidumbre de la población que es ajena a la problemática del trasporte brindado por particulares.
Exhortaron a la SCT a que en el cumplimiento de sus facultades de verificación y regulación del transporte, los servidores públicos de esa dependencia se apeguen al marco constitucional y a la observancia plena de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que tres inspectores fueron despedidos.“No podemos tolerar ni permitir este tipo de actitudes en ninguno de nuestros trabajadores, sea cual sea el puesto, por eso causaron baja inmediata sin averiguaciones o análisis, porque es obligación de nosotros responder a favor de la ciudadanía”, comentó Ramiro Robledo López y explicó que algunos de los involucrados forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Comentó que se analizará el tema de cómo realizarán los operativos en un futuro, para garantizar la seguridad a la ciudadanía y reiteró que continuarán los operativos contra el transporte irregular y adelantó que capacitarán a sus trabajadores para no caer en provocaciones y tener una mejor comunicación con los ciudadanos.
Lamentó que las plataformas el transporte privado, en este caso Uber, no tengan la disposición de regularizarse a pesar de tener la infraestructura y la solvencia económica para tener su franquicia en regla.
Finalmente la Contraloría del Estado reportó cinco sancionados por las agresiones de los inspectores. “Abrimos una carpeta de investigación por ser un hecho notorio y estará orientada a identificar a los servidores públicos y separarlos de su cargo hasta que concluya la investigación, por tratarse de un abuso de funciones”, reiteró Gabriel Rosillo Iglesias.
Las sanciones son individuales, de acuerdo a las evidencias que se obtengan de la investigación y serán desde una multa administrativa, hasta la separación del cargo, dio a conocer el Contralor del Estado.
Be the first to comment